Fernando Pedro Meinero*
En su estudio “Doctrina de Derecho Agrario en Brasil”, editado por Juruá, Lucas ABREU BARROSO presenta una interesante muestra acerca del nivel de desarrollo de esta área, particularmente en la relación que se construye con diferentes institutos jurídicos del derecho público y del derecho privado. Así, la función social de la propiedad, la protección ambiental, los contratos, actividad económica, la dignidad humana, entre otros, adquieren una particular significación cuando son abordados desde la perspectiva agrarista, todos concatenados en torno del eje temático, yendo de lo general a lo particular, a lo largo de 8 capítulos.
La obra inicia con una discusión acerca de los paradigmas sobre los cuales la actividad agraria y, consecuentemente, el Derecho Agrario se comprende. La forma como es percibida la disciplina resulta de un punto de vista acerca de la actividad, en la que se observa una humanización, una publicitación (el valor del interés público) y una socialización (equilibrio entre intereses económicos y sociales).
A continuación, el autor dedica el segundo capítulo a la constitucionalización de la política agraria, por medio de la incorporación del Capítulo III “De la política agrícola y la relativa a tierras y de la reforma agraria”, del Título VII “Del orden económico y financiero”, de la Constitución Federal brasileña de 1988. Los institutos fundamentales para la realización de esa política agraria derivan de los principios básicos del orden económico establecido: la protección de la propiedad privada, con un compromiso con su función social, y la reducción de las desigualdades regionales y sociales, algo particularmente importante en un país atravesado históricamente por la inequitativa distribución de la tierra y azotado por una pobreza estructural. Los mecanismos constitucionales de realización de tales principios también son objeto de abordaje, como el impuesto a la propiedad rural, la reforma agraria y la política agrícola (o política de desarrollo rural). Finalmente, según el autor, es la política agraria la que colabora con la realización de tres principios fundamentales de la Carta Magna de 1988: la ciudadanía, la dignidad de la persona humana y los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa.
El tercer capítulo está dirigido al papel conceptual de la actividad agraria en el Derecho Agrario. Con apoyo en nutrida doctrina, el autor pretende demostrar que es precisamente la actividad agraria la que se constituye en el objeto de esta rama del derecho. Para ello, presenta diferentes criterios de caracterización a partir de las teorías: la teoría agro-biológica de la agrariedad y la de la accesoriedad.
La relación entre el Derecho Agrario y el Derecho Ambiental - que se materializa en la función socioambiental que cumple la propiedad agraria y los contratos agrarios –, es también motivo de análisis por parte del autor en los capítulos 4, 5 y 6. Es evidente la relación entre ambas disciplinas, que colocan como centro de estudios la actividad del hombre en contacto con la naturaleza. Hoy en día, esa relación está cada vez más puesta en debate, sobre todo por la necesidad de una actividad agraria sostenible y responsable con las generaciones futuras. Es la propia Constitución Federal brasileña de 1988 –, acompañada de un vasto ordenamiento infra-constitucional – la que demanda una adecuada utilización de la propiedad rural, que cumple su función social cuando hace una adecuada utilización de los recursos naturales. A su vez, el derecho de propiedad, protegido constitucionalmente, ha sufrido una resignificación, abandonando su otrora carácter absoluto, representando un compromiso de su titular con la sociedad y con el medio-ambiente. Del mismo modo ocurre con los contratos agrarios. La protección del medio-ambiente se introduce como un orden vinculante en la interpretación y aplicación de los mismos.
En el penúltimo capítulo, el autor presenta la realidad de la agricultura familiar en Brasil, como parte de una tensión entre la pauta de desarrollo agrícola para exportación, basado en el cultivo de la gran propiedad, por un lado, y el desafío que representan los millones de habitantes que se mantienen debajo de la línea de la pobreza y que demandan una reforma agraria. Los datos son elocuentes, entre ellos, el área ocupada por agricultura no familiar es 4 veces mayor que la ocupada por la agricultura familiar.
Finalmente, en la segunda edición de la obra el autor nos regala un nuevo capítulo, en el que retoma la discusión acerca de la función social de la propiedad en el derecho agrario. Esta vez de la seguridad alimentaria, es decir, el papel que cumple el acceso a la tierra en la lucha contra el hambre. En realidad, esta nueva perspectiva no hace más que revelar el sentido de la multifuncionalidad de la propiedad agraria.
Es destacable la profundidad del debate que propone el autor en este trabajo. Amparado por abundante doctrina nacional e internacional, demuestra con propiedad un verdadero estado del arte del derecho agrario en terra brasilis, en que los institutos no son presentados de forma aislada, sino como parte de un sistema normativo, comenzando por la Constitución Federal de 1998, que representa el retorno a la democracia en ese país. Una democracia nueva que, a pesar de sus herramientas normativas, enfrenta históricos desafíos. La obra “Doctrina de Derecho Agrario en Brasil” de Lucas ABREU BARROSO representa un aporte a su comprensión y superación.
* Doutor em Direito Internacional Privado – UFRGS. Mestre em Integração Latino-americana – UFSM. Professor da Universidade Federal do Pampa (Campus Santana do Livramento). Coordenador do Curso de Direito (Campus Santana do Livramento), Brasil.
